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Archinfo 2.0 / María J. Valseca

Por María Jesús Valseca Gómez 21 dic, 2017

Siguiendo la pista de unas obras de Navidad que, según los documentos de la época, se cantaban en la Catedral de Murcia en el siglo XVIII, Ignacio López y Miguel Martínez, jóvenes investigadores de la plataforma Early Music Project – que busca incentivar el conocimiento y la difusión de la música antigua en el sureste español–, descubrieron hace unos meses una serie de partituras datadas de finales del siglo XVI y el siglo XVII y que, al parecer, «llevan más de 300 años sin ser cantadas», explicó ayer el director general de Bienes Culturales, Juan Antonio Lorca.

Según explicaron sus descubridores, las partituras aparecieron en el Archivo Regional encuadernadas junto a unos registros notariales de Caravaca de la Cruz de los años 1583 a 1604. «Como consecuencia de una encuadernación posterior, los protocolos se montaron utilizando las partituras como hojas de cortesía, una protección que se añadía entre las tapas y las páginas de los libros notariales», explicaron fuentes de la Comunidad, que añadieron que esta práctica, común en la época, ha permitido que grandes obras musicales de la Edad Media y el Renacimiento hayan perdurado hasta nuestros días.

Tras el hallazgo, los técnicos del Archivo desencuadernaron el libro para extraer las páginas y, gracias a la colaboración de la Universidad de Murcia , el Conservatorio Superior de Música de Murcia y la Escola Superior de Música de Cataluña, el equipo de Early Music Project pudo constatar el descubrimiento de los guiones de tres obras parcialmente completas.

Se trata de un  Dies Irae , secuencia usada en la Misa de Réquiem, un Asperges Me y un Vidi Aquam, antífonas procesionales que se cantaban al comienzo de las misas solemnes. Entre otras cosas, se ha descubierto la autoría de una de las piezas, el Vidi Aquam, publicado por Tomás Luis de Victoria en su segundo libro de misas de 1592 y dedicado a Felipe II. También se encontraron particellas (las partes del tenor y el bajo) de un Salve Regina a cinco voces, atribuido a Fray Antonio de San Pedro; así como diferentes partes musicales de una doxología incompleta y hojas con pruebas de escritura musical.

Cantoría les puso voz
Lorca agradeció a los jóvenes investigadores «su pasión por la cultura y su interés por la recuperación de una parte tan importante de nuestro patrimonio como es la musical», y destacó asimismo «su trabajo para la conservación y puesta en valor de la música antigua acercándola a todo tipo de públicos y desprendiéndola de la etiqueta de música culta o elitista que en ocasiones le acompaña».

Por ello, la comunidad no quiso perder la oportunidad de dar 'voz' a estos textos, y, de la mano del grupo vocal Cantoría –Inés Alonso (soprano), Samuel Tapia (contratenor), Jorge Losana (tenor y dirección) y Valentín Miralles (bajo)–, organizó este miércoles el reestreno de estas piezas, que tuvo lugar en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Caravaca de la Cruz. Un concierto en el que también se escuchó una selección de música de Navidad en tiempos de San Juan de la Cruz como Sus, sus, sus de La Trulla (Bartomeu Cárceres) o Riu riu chiu (Cancionero de Uppsala).

Fuente:  La Opinión de Murcia

Por María Jesús Valseca Gómez 18 dic, 2017

El traslado de las obras por orden judicial aviva las reclamaciones de entrega de patrimonio expoliado en Andalucía, Galicia o la Comunitat Valenciana

“La adecuada protección del patrimonio cultural no es compatible con la desintegración de un conjunto monumental”, dice la Audiencia de Huesca


El pleito de por las  obras de arte del Monasterio de Sijena  ha provocado una sacudida en el sistema de museos y ha dejado, tras la autorización del Gobierno central a la Generalitat para recurrir la sentencia de la Audiencia de Huesca, en manos de los magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo,  salvo que el ministro Íñigo Méndez de Vigo lo impida , una decisión sobre el futuro de esa red de centros.

La sentencia de la Audiencia de Huesca concluye que los bienes muebles, es decir los objetos, de interés artístico o histórico que se encontraban en el interior del monasterio de Sijena, como pinturas, relieves, esculturas y cajas sepulcrales, formaban parte de este, con “la consideración de bienes de interés cultural”, desde su declaración como monumento, en este caso en 1923.

“El monasterio ha de considerarse como un todo indivisible” y “la adecuada protección del patrimonio cultural no es compatible con la desintegración de un conjunto monumental”, señala la resolución, que remite a una sentencia del Supremo que “se pronunciaba por la indivisibilidad del patrimonio artístico” y al Código Civil de 1889, en el que “se consideran inmuebles las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u ornamentación colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente”.

Es decir, que el lugar donde la ley y la jurisprudencia consideran que deben estar los objetos de interés cultural, artístico y/o histórico sería el de su origen, lo que amenaza con generar varios cortocircuitos jurídicos: uno, ante el incipiente aumento de reclamaciones para que piezas de distinto tipo regresen a los edificios de los que salieron; y otro, ante la evidencia de que esa vocación de perdurar, especialmente patente en el caso de los archivos, se da tanto en los inmuebles de origen como en los de destino.

Compromís abre una creciente batería de reclamaciones

Compromís ha sido el primer partido en llevar el asunto al Parlamento. Su senador Carles Mulet ha preguntado al ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, si el Gobierno “va a hacer lo mismo” que en el caso de Sijena y va a “exigir el retorno a Castellón” de las 52 obras de arte que las monjas capuchinas de esa ciudad a trasladaron a la oscense de Barbastro en 1992, tras el cierre de su cenobio en la primera de esas localidades.

Y, paralelamente, la formación ha reclamado el regreso a la Comunitat Valenciana de un “patrimonio expoliado” del que considera que forman parte los “13.000 expedientes originales sacados en enero de2009 con total nocturnidad de la Delegación de Defensa de Castellón y depositados en el Archivo General de Defensa de Madrid”.

“En el caso de Sijena sí que defienden la vuelta de las obras a su origen y la unidad museística”, le afea el senador al Gobierno central, al que acusa de optar “por la centralización en Madrid” en casos como este o en el de los ‘papeles de Salamanca’, “como si ‘en la periferia’ fuéramos ciudadanos de segunda o tercera sin derechos”.

Románico gallego y barroco sevillano

Mientras tanto, en Galicia acaba de abrirse un debate sobre la posibilidad de reclamar tres figuras románicas expoliadas durante la Guerra Civil del Monasterio de Carboeiro, en la localidad pontevedresa de Silleda, que expone el museo Fredèric Marés de Barcelona y cuya pista se perdió entre 1936 y 1980, cuando dos coleccionistas de la Ciudad Condal se hicieron con ellas.

Paralelamente, y mientras el Ayuntamiento de Santiago de Compostela prepara las acciones judiciales para tratar de recuperar las estatuas de su catedral que acabaron en el pazo de Meirás de los Franco, rebrotan las reclamaciones para que la Dama de Elx o los ‘papeles’ de Salamanca regresen a esas ciudades.

También resurgen conflictos no cerrados como el iniciado entre Sevilla y el Estado en 1940, cuando el cuadro La Inmaculada  de Murillo, expoliado por el ejército napoleónico en la iglesia de Los Venerables, fue a parar al Prado cuando los nazis de Vichy lo intercambiaron con el franquismo por un lienzo de Velázquez.

Por el contrario, instituciones como las Cortes de Aragón optan por la política de hechos consumados y licitan un  seguro  para prever eventuales daños en los arcos del palacio del Aljafería, una de las tres joyas de la arquitectura de Al Ándalus junto con la Alhambra de Granada y la mezquita de Córdoba, que el Museo Arqueológico Nacional le cedió temporalmente en 2008.

Guía jurídica para reclamar arte expoliado o extraviado

La sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca, en todo caso, ofrece una completa guía jurídica para ese tipo de reclamaciones que el Supremo avalará o tumbará en unos meses.

En este sentido, la resolución señala que, según la ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, los objetos que forman parte de un conjunto monumental “forman parte de un conjunto indivisible que, precisamente como tal conjunto, tiene la categoría de bien de interés cultural”.

En cuanto a la legitimación para reclamar su entrega, la sentencia anota que la tienen las comunidades autónomas en casos como el de Aragón, cuyos Estatuto y legislación le habilitan para “la recuperación del patrimonio aragonés ubicado fuera” de su territorio, y también los ayuntamientos, a los que la ley de Bases de Régimen Local concede “competencias en la conservación del patrimonio histórico”.

Por último, la resolución del tribunal oscense, que recuerda la vigencia de las normas de patrimonio de 1923, 1931 y 1933 “al haber quedado superada cualquier cuestión de irretroactividad”, anota que “una dilatada corriente jurisprudencial faculta a un tercero para solicitar ante los tribunales la nulidad de un acuerdo en el que no fue parte (…) siempre que se vea perjudicado o afectado en alguna manera por el referido contrato”.

“Así las cosas –añaden los magistrados-, dicho interés parece indudable en los entes administrativos dentro de cuyas atribuciones figuran precisamente tanto la conservación y protección del patrimonio cultural como el desarrollo de actuaciones dirigidas a la recuperación de los bienes que se encuentran fuera del territorio, sin que esta Sala sea capaz de distinguir un interés administrativo y un interés civil”.


Fuente: El Diario


Por María Jesús Valseca Gómez 13 dic, 2017

El 25 de mayo de 2018 el tablero de juego en protección de datos cambia radicalmente. A partir de ese momento entra en vigor el nuevo Reglamento Europeo, quedando derogada la anterior directiva de 1995 e imponiéndose un nuevo marco normativo que otorga un mayor grado de control a los ciudadanos sobre su información privada.

Esta norma supone un giro de 180 grados e introduce cambios que inciden tanto en el alcance del derecho como en la lógica del sistema de supervisión e, incluso, aporta importantes novedades que pueden tener un notable impacto en las propias instituciones andaluzas (así, por ejemplo, la creación de la figura del delegado de protección de datos en los entes públicos y en muchas empresas privadas).

¿En qué situación afronta Andalucía esta nueva regulación? El Estatuto de Autonomía, que entró en vigor el 20 de marzo de 2007, reconoció explícitamente el "derecho de todas las personas al acceso, corrección y cancelación de sus datos personales en poder de las administraciones públicas andaluzas". Y, en consonancia con la consagración de este derecho, el texto estatutario atribuyó expresamente a la Comunidad Autónoma la titularidad de la competencia en la materia. Posteriormente, la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía asigna dicha competencia al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

Si bien, la vigencia de la Ley en este ámbito se ha pospuesto y el ejercicio efectivo de esta competencia se ha diferido sin fijarse plazo alguno. Por tanto, hasta que se aprueben y ejecuten las disposiciones pertinentes, la competencia continuará siendo ejercida por la Agencia Española de Protección de Datos, y ello de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria tercera del Decreto 434/2015.

Expectativas

Esta atípica circunstancia ha generado y genera problemas de muy diversa índole. De inicio, ha causado una notable erosión de la imagen institucional del Consejo. Pero más allá de no llevar a efecto una función encomendada al Consejo por el legislador, se han defraudado las expectativas de la ciudadanía andaluza, que en multitud de ocasiones ha acudido a la ente de control en tutela de su derecho a la protección de datos personales y han sido, lamentablemente, derivados a Madrid, a la Agencia Española. Los ciudadanos que demandan la protección y el amparo del Consejo no entienden cómo una institución que se presenta ante la opinión pública como el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía sencillamente no responda a tal nombre.

De la misma forma, la proyección del Consejo a nivel internacional se ha quedado mermada, pues el Consejo está llamado a ser la única autoridad de control española que sigue el más influyente modelo de aunar en un solo órgano el control de la transparencia y de la protección de datos. A este respecto, han llamado a la puerta sendos comisionados de varios puntos del mundo y desde el Consejo se ha respondido, de forma penosa, que hasta la fecha sólo opera en materia de transparencia.

Pero existen más desventajas ante la falta de asunción de esta competencia. El Consejo andaluz no ha podido formar parte del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos, entre cuyos integrantes se cuenta "un representante de cada Comunidad Autónoma que haya creado una agencia de protección de datos en su ámbito territorial", ausencia especialmente sensible en este momento, toda vez que el nuevo reglamento entrará en vigor en unos meses.

Otro obstáculo en la gestión diaria del Consejo es el referente a la resolución de consultas relativas al alcance de las obligaciones de publicidad activa desde la óptica del derecho a la protección de datos, función que la Ley de Transparencia andaluza atribuye expresamente a la Dirección del órgano de control. Por tanto, en la práctica, hasta que el Consejo andaluz no asuma materialmente la competencia en materia de protección de datos, a la Agencia Española de Protección de Datos corresponde exclusivamente interpretar los preceptos de la norma andaluza en estos supuestos.

El Reglamento Europeo se vislumbra en un horizonte cada vez más cercano, de modo que Andalucía contabiliza su cuenta atrás en la gestión de la competencia de protección de datos en beneficio de sus ciudadanos, que reclaman que sus asuntos sean tratados en su territorio.

El 25 de mayo de 2018 está ya a la vuelta de la esquina y es preciso iniciar una serie de actuaciones preparatorias para que pueda asumirse la competencia con garantías, por lo que el Gobierno andaluz debe aprobar sin más dilaciones la disposición que permite al Consejo de Transparencia ejercer estas funciones.

De esta manera se dará cumplimiento a un mandato del Estatuto de Autonomía y permitirá que asuntos derivados de la gestión pública de datos personales pueda resolverse por una autoridad independiente andaluza, sin necesidad de acudir a la Administración del Estado.

Fuente:   El Diario

Por María Jesús Valseca Gómez 11 dic, 2017
En la medianoche del domingo al lunes expiraba el plazo para la entrega voluntaria de las 44 piezas de arte del Monasterio de Sijena en posesión del Museo de Lérida, pero ambas partes sabían que las obras no saldrían de Cataluña de manera amistosa. El alcalde de Lérida, Àngel Ros, confiaba hasta el último momento en que “alguno de los recursos fuera atendido” para paralizar la operación, pero no ha sido así. A las 3:30 horas de esta madrugada, técnicos de Aragón acompañados de una amplia escolta de la Guardia Civil han llegado al museo leridano para cumplir con la orden judicial que exige la devolución de las obras.

Según han informado varios medios presentes durante la operación, que en estos momentos sigue en marcha, a la una de la madrugada una decena de técnicos del museo ya se encontraban en su interior, reunidos con el director, a la espera de la llegada inminente de la comitiva que debía requisar las piezas. Mientras los técnicos se ocupaban del embalaje y documentación de las piezas, a las puertas del museo se han producido altercados entre manifestantes contrarios a la devolución de las piezas y los Mossos d'Esquadra.

El llamado "tesoro de Sijena" mantiene enfrentados en una complicada batalla judicial a los gobiernos de Aragón y Cataluña desde hace varios años. El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, que es de manera transitoria el 'conseller' de Cultura de Cataluña por la aplicación del artículo 155 de la Constitución hasta que se forme un nuevo gobierno autonómico tras las próximas elecciones del 21 de diciembre, ordenó el pasado 28 de noviembre cumplir la sentencia del juzgado de primera instancia de Huesca que en 2015 consideró nula la venta de las piezas a la Generalitat de Cataluña en 1983 por parte de la madre priora de Valldoreix (Barcelona). En ese convento vivían las monjas de Sijena desde 1969, cuando abandonaron el monasterio aragonés debido a su deterioro, llevándose consigo las piezas para evitar su destrucción.

Entonces el patrimonio artístico que quedaba en Sijena lo componían un centenar de valiosos objetos artísticos de los siglos XV a XVIII que incluían sepulcros de madera, retablos, altorrelieves de alabastro, así como 21 pinturas al óleo sobre tela. 53 de estas piezas fueron depositadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y otros 44 fueron a parar al Museo de Lérida. Entre 1983 y 1994, la madre priora de Valldoreix vendió las 97 piezas a la Generalitat y al MNAC por un total de 50 millones de pesetas.

La sentencia de 2015, ratificada el pasado 30 de noviembre por la Audiencia de Huesca, consideró nula la venta porque se trataba de Bienes de Interés Cultural, y por lo tanto cualquier operación de compraventa debía ser informada a los organismos responsables de este tipo de objetos protegidos, requisito que no se cumplió. Entonces la Generalitat de Cataluña y el MNAC presentaron un recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Huesca que, tres años después, ha sido desestimado.

En mayo de 2016, el juez ordenó a la Generalitat y al MNAC que devolviesen los 97 objetos a Sijena, lo cual se cumplió en parte: el 26 de julio llegaron al monasterio 51 de las 53 piezas que estaban en el MNAC  (dos de ellas están desaparecidas), pero los 44 restantes seguían en el Museo de Lérida. El principal argumento que han esgrimido las autoridades catalanas para evitar hasta ahora la devolución de las piezas es que estas son protegidas por las leyes catalanas, ya que en 1999 este lote de 44 piezas fue incluido en el catálogo del patrimonio de Cataluña.

Fuente:   El Cultural
Por María Jesús Valseca Gómez 05 dic, 2017

El BOE ha publicado el Código de Administración Electrónica  que contiene una selección de la normativa consolidada a 3 de noviembre de 2016.

La selección y ordenación la ha realizado la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La selección está organizada en los siguientes apartados:

1.  Administración electrónica.

2.  Identificación, firma electrónica y representación.

3.  Registros electrónicos.

4.  Notificación electrónica.

5.  Normas técnicas de Interoperabilidad.

6.  Instrucciones técnicas de seguridad.

7.  Sistema de verificación de datos.

8.  Contratación administrativa y empleo de medios electrónicos.

9.  Seguridad Social.

10.              Transparencia y acceso a la información pública.

11.              Reutilización de la información del sector público.

12.              Comunicación digital.

13.              Boletín oficial del estado.

14.              Protección de datos.

15.              Administración judicial electrónica.

El Código de Administración Electrónica  está disponible, en versión pdf  y epub , en la web de BOE: [ web ]

Fuente : comunicaciongtcau

Por María Jesús Valseca Gómez 05 dic, 2017

El tener la documentación en papel provoca que, en ocasiones, no se encuentre con la rapidez y eficacia que se necesita la información que nos urge. Cada uno ordena sus expedientes y carpetas como le parece más sencillo, pero en una oficina, donde se trabaja en equipo, puede que alguien necesite ese expediente tuyo y no encuentre nada por la manera que tienes de organizar tus documentos.

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